X

- iniciar sesión -

contacto

Medellín, Antioquia - Colombia
Teléfono: (574) 448 0558
Dirección: Calle 12 Nº 30 144
E-mail: info@pedroza.co

síguenos

X

- registrarse -

Si eres cliente de PEDROZA ABOGADOS regístrate y recibe información:

contacto

Medellín, Antioquia - Colombia
Teléfono: (574) 448 0558
Dirección: Calle 12 Nº 30 144
E-mail: info@pedroza.co

síguenos

X

- recuperar cuenta -

Te enviaremos un correo electrónico con un link para recuperar tu contraseña

contacto

Medellín, Antioquia - Colombia
Teléfono: (574) 448 0558
Dirección: Calle 12 Nº 30 144
E-mail: info@pedroza.co

síguenos

X

- Nueva contraseña -

contacto

Medellín, Antioquia - Colombia
Teléfono: (574) 448 0558
Dirección: Calle 12 Nº 30 144
E-mail: info@pedroza.co

síguenos

Crisis empresariales

Proteger la Empresa Crisis

11 mayo, 2018

Un error fundamental continúa distorsionando el derecho de crisis, impidiendo su desarrollo y contaminando los esfuerzos de salvamento empresarial, todo lo cual impone límites a la generación de nuevas vías de solución, acordes con la época que vivimos.

El fallo conceptual radica en creer que las normas de crisis, protegen los derechos e intereses del deudor sobre los del acreedor o viceversa; o, en el mejor de los casos, que sirven para equilibrar los derechos de ambos actores en los escenarios de crisis empresarial, y especialmente en caso de insolvencia. En la actualidad ninguna de éstas constituye la finalidad del proceso de reorganización y ni siquiera de la liquidación judicial, aunque pudo haberlo sido hace varias décadas.

Entender que se protege a uno frente a otro, no promueve soluciones empresariales, y en cambio, genera una falsa contraposición de intereses, con la consecuencia de hacer del concurso un simple trámite procesal, que pocas veces logra un resultado económicamente valioso para la comunidad y menos para las partes.

El derecho de crisis, incluyendo los procesos de reorganización y de liquidación judicial, tienen como principal finalidad la protección de la empresa, en cuanto actividad organizada para la generación de bienestar social, con base en el artículo 333 de la Constitución Colombiana de 1991, que reconoce a la empresa como base del desarrollo, y le impone una importante función social.

Es la base de la economía porque la actividad empresarial dinamiza a la sociedad de la que hace parte, vinculando en su desarrollo a diferentes actores que han sido llamados “grupos de interés”, entre los cuales encontramos a los trabajadores que aportan y reciben salario, a los accionistas que invierten y reciben utilidades, a los proveedores que suministran sus productos, e incluso a los bancos que canalizan los recursos para obtener réditos e intereses.

El error se causa al confundir empresa con el empresario y al reducir su responsabilidad al pago de los créditos en mora, olvidando que actividad no se agota en la persona que la desarrolla ni se limita al pago de las acreencias de corto plazo, y dejando de lado la función social de satisfacer necesidades específicas y generales de la comunidad a la que sirve.

Mientras la empresa es una actividad organizada para producir bienes y servicios en beneficio de la sociedad, el empresario es la persona que asume la responsabilidad y los riesgos de su realización, con la expectativa de obtener utilidades o de asumir las pérdidas que de su emprendimiento resulten. Definitivamente no puede confundirse la actividad económica con la persona responsable de la misma.

Específicamente, la función social de la empresa es proveer bienes y servicios para satisfacer necesidades de la comunidad; y desde el punto de vista general, consiste en irrigar recursos para beneficio de todos los actores de la economía, sea como salarios, o como precios, tributos, intereses o cualquiera otra retribución según los factores de producción involucrados.

El pago de los créditos es inherente a la actividad empresarial, pero el incumplimiento circunstancial o la crisis temporal de solvencia, no anulan ni pueden anular la función social, siempre y cuando pueda seguirse cumpliendo en términos de sostenibilidad. Es por esto, que, especialmente en la crisis, se debe mantener la visión de empresa en marcha con responsabilidad general y vocación de futuro, para no reducir el análisis a los créditos que circunstancialmente se encuentran impagos, en demérito de todos los grupos de interés afectados o beneficiados por la operación.

Teniendo claro que la empresa es la actividad productiva objeto de protección, será posible superar la falsa confrontación entre deudor y acreedores en los escenarios de crisis, y promover así la generación de soluciones de utilidad común, más allá del procedimiento legal que siempre será un medio, no un fin en si mismo.

Reconocer que el empresario, no es el dueño, sino el responsable de mantener la marcha y la sostenibilidad de la actividad productiva, lo inducirá a obrar de manera proactiva en la prevención de la crisis y en la superación de cualquier dificultad que pueda poner en riesgo su operación, mediante el uso oportuno de las herramientas legales que sean pertinentes.


El interés empresarial común, debería evitar actos de agresión de los acreedores que puedan afectar la marcha del negocio, como la suspensión de prestaciones esenciales, el débito anticipado de cuentas bancarias o la reducción intempestiva de cupos de crédito. En su lugar, invitaría a mejorar el conocimiento del cliente-deudor e induciría al acreedor a utilizar los mecanismos legales para promover el salvamento empresarial, como la mejor fórmula para recuperar sus créditos y mantener la fuente de ingresos futuros.


Reconocer la empresa como objeto de protección, evitaría desaciertos legislativos, como la creación de créditos eximidos de participar en la solución de la crisis, como ocurre con los pagos de retención en la fuente o de la seguridad social, que afectan el salvamento económico y debilitan al deudor hasta el punto de hacerle imposible el pago de esos mismos privilegios.


Esta visión promueve el reconocimiento respetuoso de todos los grupos de interés involucrados en la empresa en crisis, y no solo de los deudores; exigiendo soluciones acertadas para cada uno de ellos, que rechazan posiciones egoístas que solo reclaman para sí, en demérito de la sociedad, incluyendo a los trabajadores, al Estado, a los consumidores, a los proveedores, entre otros.


Desde el punto de vista de negociación, este principio sirve para separar el problema de los sujetos, pues, todos concurrirán a evaluar la viabilidad de la actividad productiva, más allá del sujeto deudor; e incluso servirá para diseñar soluciones creativas, que en algunos casos lleven a segregar actividades viables y a separar al deudor de la gestión del negocio, para buscar empresarios que otorguen mayor garantía para todos.


Esta no es una postura ajena a la regulación vigente, al contrario, surge de las normas colombianas, iniciando en la Constitución Nacional hasta llegar a la ley 1116 de 2006, que  centra su análisis en el reconocimiento de la empresa viable, incluso en la liquidación judicial, donde se promueven soluciones de venta en bloque de la unidad productiva, para evitar la destrucción de valor propia de la ruptura de la organización.  

Es urgente el reconocimiento de la protección empresarial como la verdadera finalidad de la regulación de crisis, pues, de otra forma se incrementará la ineficacia económica de los dispositivos de salvamento, que seguirán usándose como simples procedimientos litigiosos que solo arrojan acreedores vencidos y deudores postrados.

Crisis empresariales

¿Cuándo es ineficaz un proceso de reorganización?

27 septiembre, 2017

La crisis empresarial es una realidad compleja cuya solución requiere de una intervención integral, previa y posterior al proceso de…

Ver más
Estructuración

Alternativas de Financiación Empresarial

4 octubre, 2017

El crédito bancario no es la única ni la mejor fuente de apalancamiento empresarial. Existen mecanismos legales de financiación adecuados…

Ver más

- Proyectos -

Nuestro Estudio Profesional se vincula activamente a proyectos que sirvan al mejoramiento del derecho y a la defensa de causas de interés general. Actualmente lideramos los siguientes proyectos, a los cuales invitamos a todos nuestros clientes y amigos:

Observatorio de regulación de crisis
Promoción de sistemas alternativos de financiación empresarial
Mejores prácticas jurídicas en la industria del software

Si Usted tiene un asunto relacionado con el derecho corporativo o de crisis, o con ámbitos jurídicos que sirvan al desarrollo sostenible de la región, y considera que podemos aportar a su ejecución, no dude en contactarnos.

Estemos en contacto